Con el desalojo del predio del Parque Indo-americano, realizado el día 6 de diciembre de 2010, se mediatizaron una serie de situaciones; de tomas similares, que se producen desde hace tiempo, pero que la mayoría desconocía.
Hoy, 21 de diciembre de 2010, el tema en cuestión es la toma de un predio que supuestamente corresponde al club Albariño.
Pero vayamos por parte, no estuve, ni conozco minuciosamente lo ocurrido en el Indo-americano, pero si en otras tomas, y la mayoría de las mismas se dan de igual manera y, por cierto, bastante alejada a la forma en que la presentan los medios de comunicación.
Albariño
El 30 de Junio de 2007 se realizó una denuncia ante la Comisaria N° 48 mediante la cual se informó que aproximadamente 70 personas habían ocupado un predio propiedad del ONABE y cedido para ser utilizado al Club Albariño. La denuncia fue realizada por el representante legal del Club, el Dr. Nicolino.
Reitero, el predio es del Estado, regenteado por el ONABE (Oficina Nacional de Administración de Bienes del Estado), y cedidos al Club Albariño a condición de que se realizaran determinadas obras y acciones que, obviamente nunca se hicieron.
Pero sobre este tema volveremos mas tarde.
Estábamos con la toma, ya hoy totalmente instalada, de un sector de tierras del Onabe, ocurrido en 2007.
Las actuaciones, de la denuncia, fueron remitidas a la Fiscalía en lo Correccional N° 14. El Fiscal ordenó medidas tales como; declaración testimonial de la presidente de la ONABE, intervención al centro de Gestión Vecinal y toma de vistas fotográficas.
Una vez realizadas las medidas requeridas por el Fiscal, éste, resolvió que se eleven las actuaciones al Juzgado para que el Sr. Juez declare el archivo de las presentes actuaciones en tanto no hay delito por no tratarse del tipo penal de Usurpación si no de un reclamo de vecinos ante necesidades básicas insatisfechas.
No obstante lo dictaminado por el Sr. Fiscal, el Juez del Juzgado en lo Correccional 14, se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, dado que se trataban de tierras del Estado. El expediente fue recibido entonces, por el Juzgado del Dr. Rafecas.
El Fiscal Federal pidió la nulidad del dictamen de la Fiscal Correccional en el cual se solicita el archivo de la causa por inexistencia de delito. El Juez Rafecas rechazó el pedido de nulidad del Fiscal.
El Dr. Rodríguez, abogado de la ONABE pidió se requiera el desalojo inmediato del predio como medida cautelar, propuso testigos y solicitó intervención de Gendarmería Nacional ante la poca acción de la Policía Federal.
El juez Rafecas, declaró la falta de legitimación del Fiscal para pedir el desalojo del predio y, entendiendo que las medidas cautelares deben tomarse respetando las libertades individuales y con la mayor mesura posible, decide rechazar la solicitud de reintegro del inmueble dándole más ponderación al interés de los ocupantes, que reclaman necesidades insatisfechas a las cuales el Estado no puede darle solución, por encima de la incolumidad del patrimonio estatal.
La resolución del Juzgado fue apelada por el Fiscal y el abogado de la ONABE, apelaciones concedidas y ganadas ante la Cámara que dispuso el rechazo de la resolución del Juez y requirió que se vuelva a resolver solicitando el desalojo.
Posteriormente se identifico a algunos de los ocupantes, se tomaron nuevas declaraciones testimoniales y vistas fotográficas y el 30 de abril del 2008, el Juez dispuso, entre otras medidas el desalojo del predio en 30 dias; asimismo se dio intervención al Ministerio de Desarrollo social de la CBA y se citó a prestar declaración indagatoria a algunos de los usurpadores.
Por último y luego del cumplimiento de las medidas requeridas por el Juzgado, el 4 de septiembre de 2008, el Juez dispuso el desalojo del predio para el 29 de octubre de 2008.
El 28/10/08 por distintas apelaciones ante la Cámara Federal, la Sala I suspendió el desalojo hasta tanto se garantice una vivienda digna para los ocupantes.
Así fue la toma, que hoy aún perdura, sobre una parte de los terrenos del Onabe, ocupados en 2007.
Al año, de la resolución de la Cámara Federal, en 2009, se produjo una nueva toma, en un terreno lindero, esta vez, se trató de una propiedad privada. La situación jurídica, se encuentra en trámite en la Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.
Por último, sobre la toma que perdura desde hace unos días sobre lo que era la cancha de fútbol. Es necesario aclarar que no fue el primer intento.
Modalidad
La forma en que ocurren estas tomas, suelen ser las mismas. Muchas familias con serios problemas habitacionales, un grupo armado y/o de choque (punteros políticos), que pocas veces tienen que ver con estas familias. Estos “duros” hacen la primera toma, lotean, venden y desaparecen. Las familias, por lo general, mujeres con varios hijos, invierten lo poco que tienen y se quedan a la buena de ¿dios?
Así ocurrió en Albariño, en 2007, en el predio contiguo en 2009, en el indo-americano y el Albariño en la actualidad.
Varias cosas
- La inacción de la Policía Federal en el indoamericano fue criminal. Es decir fue un delito criminal. Una inacción. Un delito de los que, penalmente, se los conoce como delitos por omisión.
- La utilización política de los referentes de la Ciudad, los pinta de pie a cabeza. Son una lacra. Horacio Rodríguez, miente y miente. Y lo hace esencialmente por dos cuestiones, una por ideología, la otra por desconocimiento. No sabe, no conoce, no ha estado ni por asomo, cerca de los problemas que se tienen en los barrios de emergencia. Me animo a apostar que desconoce dónde se encuentra Ciudad Oculta o con qué numero se la conoce a esa villa (15, por cierto)
- Suponer que los ocupantes de territorios se iban a retirar de las tierras tomadas, sólo con la promesa de ¿créditos? o bajo la coacción de negar beneficios sociales, es subestimar la inteligencia y jugar con la necesidades de la gente. Que los “ocupas” del indoamericano se hayan retirado no hace más que dejar en claro, que se trataba más de punteros políticos que de otra cosa.
- Punto a tener en cuenta y que quede en claro, el predio ocupado en Santander y Av. Argentina, no es propiedad del club Albariño, es del Estado Nacional, antes administrado por ONABE, ahora por ADIF (Administración de Inmuebles Ferroviarios). Y esa cancha, no era usada por los vecinos.
